Observatorio de la Conflictividad
Observatorio de la Conflictividad
| Nombre del conflicto | Jilamito, Atlántida |
| Año de inicio del conflicto | 2011 |
| Ubicación geográfica | Comunidad de Jilamito, municipio de Arizona, departamento de Atlántida. Esa comunidad incluye 16 comunidades: El Astillero, Mezapa, El Retiro, Jilamo nuevo, Jilamo viejo, Jilamito Nuevo, Jilamito Viejo, El Empalme, Lean, Jazmín, Coloradito, Zizama, San Francisco de Saco, Tecuan, Río Chiquito, KM 16 y KM 17., que utilizan el Rio Jilamito para consumo humano. |
| Monocultivo | Energía | X | |
| Minería | Infraestructura | ||
| Mega hotelería | Exploración o explotación petrolera | ||
| ZEDE |
| Tierra | Agua | X | |
| Bosques | X | Biodiversidad | |
| Otros |
El conflicto inició con la instalación de una represa hidroeléctrica en la zona, permiso que fue otorgado durante la gestión del alcalde Alfonso Paguada Saybe, quien ha sido uno de los principales promotores de estos proyectos en el municipio. El proyecto hidroeléctrico Jilamito es propiedad de la empresa hondureña Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (INGELSA) y está en etapa de construcción en el río Jilamito. INGELSA y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) firmaron en el 2011 un contrato de aprovechamiento de aguas nacionales para generación eléctrica, con una capacidad de producción de 14,85 megavatios.
La Corporación Municipal de Arizona convocó el 20 de noviembre del 2015 a cabildo abierto, las comunidades de Arizona rechazaron la instalación del proyecto en el municipio y declararon el río Jilamito como fuente de agua para consumo humano[1], sin embargo, el alcalde en confabulación con la empresa, movilizaron gran cantidad de personas ajenas al municipio quienes se trasportaban en 34 buses contratados por estos con procedencia de Naco, Puerto Cortés, Cofradía, Choloma, Tela, Ceiba, El Progreso, entre otros lugares[2]. Estos hechos fueron denunciados ante las autoridades, encontrándose al momento impunes.[3]
En el año 2016 comenzaron las labores de la empresa INGELSA. El 15 de mayo de 2017, las 16 comunidades que protegen su río, aglutinadas en el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MAJD), se instalaron en una acción ciudadana de rechazo a las labores de la empresa la cual denominaron “Campamento Digno por la Defensa del Río Jilamito”.
Luego del desalojo que tuvo lugar la instalación del campamento, se presentaron por parte del MADJ seis denuncias ante el Ministerio Público: una por daños ambientales contra la empresa INGELSA, una por violación a la protesta pública y pacífica, una por abuso de autoridad contra la Corporación Municipal; y tres denuncias más contra el ex alcalde de Arizona, Adolfo Paguada Saybe, una por los delitos de amenazas y hostigamientos y dos por el delito de corrupción.
El 24 de marzo de 2019 con la nueva administración en la Corporación Municipal, se desarrolló Cabildo Abierto en Arizona en donde se declaró al municipio libre de proyectos extractivos mineros e hidroeléctricos y al río Jilamito como zona productora de agua para consumo humano. Debido a las acciones de las comunidades en resistencia, la empresa ha detenido momentáneamente sus operaciones, sin embargo, la concesión no está cancelada.
Para el MADJ, Ramón Fiallos y Santos Martínez, son mártires de la lucha por la defensa del Río Jilamito; el primero de ellos herido de bala en las manifestaciones post-fraude y el segundo por presiones de la empresa que repercutieron en su salud.
En octubre de 2020, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), en coordinación con el alcalde de Arizona, Arnoldo Chacón, y defensores de derechos humanos, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 12 empresas. Se les acusaba de estar coludidas con funcionarios del gobierno y de llevar a cabo negociaciones irregulares para contratos de generación de energía eléctrica, aprovechando el río Jilamito, que es una fuente de agua para consumo humano en 16 comunidades.
La denuncia fue presentada ante la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) por los abogados Martín Fernández y Víctor Fernández, quienes son hermanos y fundadores del MADJ desde 2008. Desde 2009, han estado denunciando las intenciones de varios empresarios de apropiarse de los recursos naturales en el departamento de Atlántida, específicamente del río Jilamito en el municipio de Arizona. Los abogados actúan en representación de las 16 comunidades afectadas.
El 4 de diciembre de 2020, Invest, la unidad de financiamiento al sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), anunció la aprobación de un préstamo de 20.25 millones de dólares para la construcción de la represa hidroeléctrica Jilamito. Trece días después de este anuncio de financiamiento, llegó a la zona de Arizona una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). La misión permaneció en el lugar durante tres días (17, 18 y 19 de diciembre), visitó el río Jilamito y pudo escuchar de primera mano las opiniones de los habitantes de las comunidades cercanas al proyecto hidroeléctrico de la empresa Ingelsa.
La delegación de la OACNUDH, liderada por William Bolainez de El Salvador y Santiago Toledo de Ecuador, se reunió con el alcalde del municipio de Arizona, Arnaldo Chacón, quien afirmó haber descubierto un plan de la empresa Ingelsa para asesinarlo. Durante los últimos seis años, la población de Arizona, organizada a través del MADJ, ha intensificado su lucha pacífica en defensa del río Jilamito, estableciendo de manera continua el Campamento Digno por el Agua y por la Vida. Desde este campamento:
Se ha fortalecido el proceso de organización popular y se han establecido alianzas con individuos y organizaciones que también están luchando por la defensa de la dignidad humana en otras partes de Honduras y en diferentes partes del mundo. Se han llevado a cabo tres Asambleas Populares de Cabildo Abierto, donde las comunidades, de manera unánime y constante, han expresado su rechazo al proyecto y han declarado al municipio de Arizona como un territorio libre de proyectos extractivos.
La alcaldía de Arizona ha respaldado la decisión de la comunidad y se ha opuesto al proyecto, ya que también afecta su autonomía municipal. Se han presentado múltiples denuncias y acciones legales ante las instituciones públicas por actos de corrupción cometidos durante el proceso de concesión, pero hasta ahora no ha habido respuesta de las autoridades correspondientes, especialmente de la Secretaría del Ambiente y el Ministerio Público.
La defensa del río Jilamito ha llevado a la criminalización, vigilancia, persecución y amenazas hacia los miembros del movimiento por parte de las estructuras represivas del Estado, el gobierno hondureño y el sector empresarial que encabeza el proyecto hidroeléctrico. Estas acciones generan serios temores e inseguridades en la zona.
La revocación del financiamiento por parte de la DFC dada el pasado 28 de mayo del 2021 confirma la inviabilidad humana, la corrupción y la evidente violación de derechos que este tipo de proyectos conllevan. Además, refuerza la fuerza de la organización popular de las comunidades y la solidaridad a nivel nacional e internacional, que hacen valer la soberanía comunitaria en los territorios y defienden sus derechos, como el derecho a la participación democrática decisiva, el derecho a un ambiente saludable, el derecho a la información y el vital derecho humano al acceso al agua potable.
No hay involucramiento.
No.
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| Medio | X |
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Observaciones:
Con las Declaraciones en Cabildos Abiertos las comunidades que se pronuncian en contra de la instalación y desarrollo de proyectos extractivos en sus territorios las comunidades iniciaron sus procesos de lucha pasando al Campamento Digno en Defensa del Rio Jilamito. Actualmente se cuenta con el respaldo de algunos representantes de los gobiernos locales ratificando y haciendo valer las declaratorias emitidas en los cabildos abiertos. Sin embargo, las instituciones del Estado no cancelan las concesiones y permisos de operación, en un marco en el cual los aliados económicos estratégicos han comenzado a retirar su apoyo al proyecto y los incidentes de intimidación contra los comunitarios continua. Habrá que monitorear la postura del el BID frente a mantenerse como un socio estratégico de un proyecto que ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos como violador de los derechos y garantías de las comunidades. También será necesario monitorear el grado de implementación y efectividad de las medidas de protección otorgadas por el Mecanismo Nacional para las personas defensoras de que han sido criminalizadas durante los 6 años de resistencia.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Igualdad ante la justicia.
Derecho al honor, honra o reputación.
Derecho de queja y denuncia frente al funcionamiento de la administración de justicia.
Derecho al agua.
Derecho al medio ambiente sano.
Derecho a la paz.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
Los intereses económicos de los grupos empresariales nacionales e internacionales que promueven la construcción del proyecto hidroeléctrico, son con el fin de vender energía al Gobierno y sostener parte de la producción industrial que se genera en la región. De igual forma, se evidencia un interés político en mantener el control del territorio y dominio sobre las comunidades.
[1] Editorial: ¿Qué son las declaratorias de territorios libres de proyectos extractivos? Una mirada desde el MADJ https://madj.org/index.php/2019/01/30/que-son-las-declaratorias-de-territorios-libres-de-proyectos-extractivos-una-mirada-desde-el-madj/
[2] Denuncia número MP-572-15 presentada ante el ministerio público de Tela; denuncia No. 1042-2015, presentada ante la DPI de Tela.
[3] Instrumento de acta notarial No. 576 por el notario Marlo Rolando Ávila Enamorado de fecha 20 de noviembre del 2015 en el que constan las incidencias del Cabildo Abierto.
[4] Denuncia No. MP-177-2017 interpuesta el 02 de junio de 2017 ante el ministerio público de Tela.
Nombre del conflicto | Pajuiles, Atlántida |
Año de inicio del conflicto | 2008 |
Ubicación geográfica | Las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Santa Rosa Del Norte, Urraco, Las Metalias, Santiago, Procon, Buenos Aires, Soilabe, El Junco y Buena Vista, son comunidades que se encuentra asentada en la parte baja de la Sierra Nombre de Dios, específicamente en el municipio de Tela, Departamento de Atlántida. |
Monocultivo |
| Energía | X |
Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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Bosques | X | Biodiversidad |
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En el año 2008 se otorgó la concesión del Río Mezapa a la Empresa Hidroeléctrica, Centrales El Progreso S.A de CV sin ningún tipo de consulta ni consentimiento de las comunidades de Pajuiles, Planes de Arena Blanca, Santa Rosa Del Norte, Urraco, Las Metalias, Santiago, Procon, Buenos Aires, Soilabe, El Junco y Buena Vista, quienes se están viendo afectadas por la instalación de la hidroeléctrica. [1]
Las comunidades de pajuiles se encuentran en una lucha constante en defensa del río Mezapa y la Sierra Nombre de Dios, protegiendo sus recursos naturales y bienes comunes que se encuentran seriamente amenazados por la construcción del proyecto hidroeléctrico sobre el Río Mezapa. Este proyecto ha sido impuesto sobre el río que abastece de agua a las comunidades para consumo humano. Durante este tiempo, los habitantes de Pajuiles han mantenido una resistencia firme y continua para proteger su territorio y defender sus derechos.
Posterior a dos cabildos previos (el primero de ellos fue suspendido), en donde las comunidades habían expresado su rechazo al otorgamiento del permiso de construcción a la Empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. de C.V. (HIDROCEP), la municipalidad de igual forma, decidió aprobar de forma ilegítima e ilegal el permiso de operación a la empresa. A partir esa decisión la comunidad resuelve instalar el Campamento Digno por el Agua y la Vida, del cual, los pobladores de Pajuiles han enfrentado procesos de criminalización. [2]
Según el comunicado emitido por la OACNUD el pasado 10 de agosto del 2017 se expone que en una reunión convocada por la Fiscalía en las oficinas gubernamentales de Mi-Ambiente, se acordó hacer una visita el viernes 2 de junio de 2017 a Pajuiles para evaluar los daños ambientales y verificar si HIDROCEP estaba cumpliendo con la licencia ambiental otorgada. En esa reunión estuvieron presentes representantes de Mi-Ambiente, la fiscalía regional del Litoral Atlántico, la Fiscalía Especial del Medio Ambiente, el Instituto de Conservación Forestal, la Procuraduría General de la República, así como representantes de las comunidades y de HIDROCEP. La OACNUDH participó como observador.
El 10 de agosto del 2017 OACNUDH emite un comunicado alertando sobre el desalojo del campamento en Pajuiles, que fue llevado a cabo por la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial y diversos requerimientos fiscales, lo cual resultó en la detención de al menos cuatro personas. Manifiestan que su oficina ha recibido informes sobre un número indeterminado de requerimientos fiscales dirigidos contra otros miembros de las comunidades que se oponen a la hidroeléctrica.[3]
Los acontecimientos se remontan a marzo de 2017, cuando los residentes de Pajuiles bloquearon la carretera que conduce a las comunidades de San Antonio, La Fortaleza, Miramar, Jerusalén, Buena Vista y Planes, entre otras, con el propósito de impedir el acceso de maquinaria de la Empresa Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep), propiedad del empresario Jason Hawit, y así evitar la construcción de una central hidroeléctrica.
El 28 de febrero del 2021 las comunidades de Pajuiles obtuvieron la resolución del Tribunal de Sentencia de Tela que emitió un sobreseimiento definitivo a doce procesados, once hombres y una mujer, por sus acciones en defensa del río Mezapa. El Ministerio Público presentó 17 requerimientos fiscales, cinco de los cuales fueron sobreseídos posteriormente, no así los de estos doce imputados, jornaleros, labradores y agricultores que debido a las medidas cautelares en su contra debían firmar todas las semanas el libro de registro en el juzgado de Tela. Los cargos que se les imputaron fueron los de detentación de suelo y/o espacio al derecho de vía pública y calle de uso y dominio público en perjuicio del Estado de Honduras, según se lee en el expediente, los que no aparecen en el nuevo Código Penal, por lo que dejaron de ser delitos.[4]
De acuerdo con lo expresado por los comunitarios los Campamentos Dignos como el Campamento Digno por la Vida y el Agua forman parte de la estrategia política del MADJ (Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia), representando un ejercicio de soberanía comunitaria y popular en la protección de los bienes comunes y la autonomía de los territorios organizados.
No.
No.
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Medio |
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Alto | X |
Observaciones:
Actualmente el conflicto sigue manteniéndose en su índice mas alto debido a los constantes actos de intimidación contra las personas defensoras de la tierra y el territorio. Los comunitarios manifiestan una fuerte presencia de agentes de seguridad privada en la zona. Las medidas de protección otorgadas por el mecanismo nacional de protección han sido insuficientes para garantizar la seguridad de los comunitario. Las licencias ambientales y los permisos de operación no han sido cancelados.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Igualdad ante la justicia.
Derecho al honor, honra o reputación.
Derecho de queja y denuncia frente al funcionamiento de la administración de justicia.
Derecho al agua.
Derecho al medio ambiente sano.
Derecho a la paz.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
El aprovechamiento del torrente de uno de los ríos más caudalosos de la región para la generación y venta de energía es uno de los principales intereses que persigue la empresa. En una región que sufre constantes fallas del fluido eléctrico y donde se centran parte de las empresas industriales del país, la generación de energía para su posterior venta al Estado es un negocio que deja jugosas ganancias en detrimento de las comunidades.
[1] https://criterio.hn/gobierno-aprueba-construccion-de-represas-sin-cumplir-requisitos-de-medio-ambiente-y-ley-de-contratacion-del-estado/
[2] http://www.festagro.org/pajuiles-y-el-triunfo-de-una-lucha-comunitaria-inclaudicable-en-defensa-del-territorio/
[3] https://oacnudh.hn/en-alerta-ante-la-situacion-de-violencia-en-pajuiles-oacnudh-honduras-llama-al-dialogo-y-al-respeto-para-restaurar-la-convivencia-pacifica/
[4] http://www.festagro.org/pajuiles-y-el-triunfo-de-una-lucha-comunitaria-inclaudicable-en-defensa-del-territorio/
Nombre del conflicto | Sector Florida |
Año de inicio del conflicto | 2009 |
Ubicación geográfica | El Sector Florida se encuentra en el municipio de Tela, departamento de Atlántida y está conformado por 16 comunidades: Nueva Esperanza, La Yusa, El Socorro, Buena Vista, El Carmen, Camagüey, El Zapote, Alaho, El Coco, Las Mercedes, Las Minas, Nombre de Dios Tela, Brisas de Lean, Nueva Unión, Concepción y El Guayabo;[1] todas aglutinadas el Patronato Regional del Sector Florida. |
Monocultivo |
| Energía |
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Minería | X | Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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Desde el año 2009 las comunidades del Sector Florida se han visto amenazas por cuatro proyectos mineros: Buena Vista 1 y Buena Vista 2 los cuales son auspiciados por las Corporación Minerales La Victoria y el proyecto El Socorro, impulsado por la Minera Lempira, Sociedad De Responsabilidad Limitada (en adelante SOMIL, S. DE R.L.) y la empresa Iron Mountains Company. Para su instalación, un gran número de comunidades serán desplazadas para abrir paso a la explotación y extracción que estas empresas pretenden realizar en las comunidades.
A partir del 2011, el empresario hondureño Lenir Pérez pretendía explotar una mina ubicada en la comunidad “Nueva Esperanza”, pero al obtener el rechazo de la mayoría de la población, recurrió a la utilización de intimidaciones y amenazas con el apoyo de la Policía Nacional y autoridades municipales como el ex alcalde de Tela David Sacaro (2010-2014), quien ya tenía antecedentes por las amenazas hacia los líderes César Alvarenga y Roberto Mancía[2].
Durante 2013 la población del Sector Florida denunció que el empresario Lenir Pérez se encontraba hostigando a los habitantes y ofreciendo zinc y cemento a cambio de firmas en apoyo a la explotación minera, además amenazaba a quienes no estuvieran dispuestos a vender sus terrenos para la explotación de la mina con que se los iban a quitar por la fuerza[3].
Para el 30 de agosto de 2014 el Sector Florida, se declaró territorio libre de minería, mediante un cabildo abierto. Pese a la declaratoria, la empresa no desistió de su acción de intimidación y trabajos en la zona, mucho menos hubo intervención de la alcaldía como mediador del conflicto.[4]
El 6 de marzo de 2018 empleados de la empresa Iron Mountains Company llegaron al sector pretendiendo desarrollar la socialización del proyecto y en respuesta, Ualdina Santos (miembra del MADJ), en conjunto con la comunidad, sostuvieron un bloqueo pacífico de la carretera, desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche. Eso impidió que la compañía lograra reunir a las personas que había convocado, pero intensificó la militarización en la zona.
Un punto importante es que desde el MADJ se han encontrado 32 irregularidades según el estudio de impacto ambiental en el otorgamiento de la concesión minera Minerales La Victoria, de esas 32 irregularidades la DECA reconoció como ciertas 26[5].
Como parte de las acciones de demanda desde los sectores organizados en pro de la defensa de los recursos naturales, desde el MADJ se han hecho siete denuncias ante el Ministerio Público de Tela y La Ceiba; cuatro de ellas por los delitos de amenazas[6]; una por delitos de daños ambientales, usurpación y extorsión[7], una más por el delito de abuso de autoridad[8] y una última por daños ambientales en contra la empresa minera. Y como resultado del trabajo de denuncia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la medida Cautelar 175-13, teniendo como beneficiarios a veinte líderes y lideresas del Sector Florida por los daños, amenazas y persecución que desde la empresa minera y entes de seguridad se estaban llevando a cabo.
La ascensión al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre) ha generado un renovado debate sobre la minería extractiva en Honduras. Durante la ceremonia de investidura, la presidenta Xiomara Castro envió un enérgico mensaje a los impulsores y defensores de la minería a cielo abierto, anunciando la cancelación de las concesiones mineras debido a su impacto ambiental significativo.
Recientemente en marzo del año 2022, el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente (Mi-Ambiente) hizo público el anuncio de la revocación de los permisos de explotación minera y declaró a Honduras como un país libre de minería a cielo abierto, argumentando que esta práctica pone en riesgo los recursos naturales, la salud pública y restringe el acceso al agua como un derecho humano fundamental para las comunidades. Esta decisión ha generado diversas reacciones por parte de los actores involucrados, incluyendo el sector minero, las comunidades que respaldan la minería y las organizaciones sociales locales que se oponen al extractivismos minero.[9]
A más de un año de la declaración las comunidades afectadas manifiestan que a pesar de las decisiones administrativas tomadas por la actual administración de Xiomara Castro las tensiones en el territorio relacionadas a la instalación de los proyectos mineros continúan agudizándose impactando de forma directa en la salud de la comunidad y el ecosistema.
No.
No.
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Observaciones:
A pesar de las declaratorias municipales y la reciente declaratoria nacional de gobierno sobre el territorio hondureño libre de minería las tensiones en los territorios siguen agudizándose debido a la falta de acceso a información sobre el otorgamiento irregular de licencias y permisos de operación. La intimidación por parte de personas ajenas a las comunidades es permanente. Es necesario mayor presencia de las instituciones de gobierno con pertinencia en el tema a fin de garantizar la efectividad de la declaratoria del pasado febrero del 2022.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Igualdad ante la justicia.
Derecho al honor, honra o reputación.
Derecho de queja y denuncia frente al funcionamiento de la administración de justicia.
Derecho al agua.
Derecho al medio ambiente sano.
Derecho a la paz.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
Derecho a la información.
El marco legal favorable y el control político que ejerce la empresa sobre la institucionalidad pública y los gobiernos locales es el marco general sobre el cual la empresa emprende sus acciones. En ese marco, la explotación y extracción de recursos naturales se torna apetecible y accesible para el capital, quienes haciendo uso de la fuerza y la violencia realizan sus acciones extractivas.
[1] https://movimientom4.org/2014/09/felicitamos-al-sector-florida-territorio-libre-de-mineria-en-honduras/
[2] Denuncia 266-12/ fiscalía de Derechos Humanos de La Ceiba
[3] http://www.hondurastierralibre.com/2013/07/honduras-pobladores-del-sector-florida.html
[4] https://iderechoambientalhonduras.org/sites/default/files/el_sector_florida_se_declara_libre_de_mineria_0.pdf
[5] Acción Judicial “El Socorro” 0501-2013-00050-LAO
[6] Denuncia 266-2012 en contra del ex alcalde de Tela, David Zacaro y Lenir Pérez propietario de Minerales La Victoria.
Denuncia 166-2013 en contra de Wilfredo Funez y Minerales La Victoria.
Denuncia 183-2013 en contra de Wilfredo Funez y Guardias de Seguridad de Minerales La Victoria.
Denuncia en la que el MADJ se personó el 21 de julio de 2015 en contra de Minerales La Victoria
[7] Denuncia 161-13 en contra de Lenir Pérez, propietario de Minerales La Victoria y su personal.
[8] Denuncia 309-2013 en contra de la Policía Nacional en confabulación con la empresa Minerales La Victoria.
[9] https://cespad.org.hn/honduras-libre-de-mineria-a-cielo-abierto-y-ahora-que/