Contexto generalizado

Una de las principales preocupaciones que surgió con la conformación de la Comisión de Seguridad Agraria fue el anuncio del inicio de una campaña de desalojos de “grupos irregulares”, ocupantes de las tierras en disputa. Asimismo, la aplicación del Código Penal en lo relacionado con el delito de usurpación en flagrancia permanente y desplazamiento forzado para quienes promuevan y ejecuten acciones de tomas de tierras.

Esta preocupación se fundamenta en lo expresado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la conferencia de prensa del 6 de junio del 2023. De acuerdo con el capítulo cuatro del documento leído por Castro, sobre las acciones para solucionar el fenómeno de la toma de tierras y dar seguridad jurídica, “en el periodo 2018-2023 y a partir del mes de diciembre de 2021 se ha generado una escalada en la ocupación de tierras productivas provocando inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión”.

En el documento se señalan los departamentos de Colón y Atlántida como “los principales polos de conflictividad referente a la ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, grupos irregulares y en algunos casos otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país y otros no determinados”. En ese sentido, a la fecha “se contabiliza un total de 36,451.17 manzanas de tierra que han sido tomadas por diversos grupos de personas”.

Como respuesta a esta situación, el capítulo cinco del mismo documento establece que “el Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia, a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial. Se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a las fincas privadas relacionadas con las actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva. La ejecución de las órdenes de desalojo que procedan del poder judicial, indistintamente del cultivo y la ubicación geográfica de las tierras, debe cumplirse. El Poder Judicial debe, por ley, revisar el registro y las causales de afectación conforme a cada caso”.

Monitoreo de desalojos

Durante el periodo de monitoreo realizado por el CESPAD, en los últimos 5 meses se ha documentado la ejecución de 10 órdenes de desalojo, la prórroga de una orden, y la suspensión de dos, afectando directamente a aproximadamente 1000 familias.

Más allá de las cifras, resulta alarmante observar la utilización, en algunos casos, de un recurso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo los desalojos, tal como ocurrió en la Aldea el Cacao, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en el cual se reportaron las detenciones de Tomás Díaz López, presidente del Consejo Indígena Lenca de El Cacao; José Ismael López, Hermes Reyes Sánchez, Marcos Antonio Reyes -persona de la tercera edad-, habitantes de la comunidad, y Ermín López Martínez, coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca, de La Paz-Honduras (MILPAH).

Además, resulta preocupante el incremento de protestas de empleados de empresas vinculadas a las disputas de tierras, exigiendo desalojos. Esto sugiere una compleja interconexión entre intereses empresariales y la ejecución de decisiones judiciales. Por otro lado, este entrelazamiento entre actores corporativos y procesos de desalojo subraya la necesidad urgente de abordar integralmente estos procedimientos, para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.

Principales desafíos

• El lento avance de las reformas orientadas a abordar las causas estructurales que impulsan la ocupación irregular de tierras y perpetúan las desigualdades en el sector rural.

• Sin una inversión significativa de recursos y fortalecimiento técnico, la capacidad del Instituto Nacional Agrario (INA), se verá limitada para cumplir con su mandato de gestionar un verdadero proceso de reforma agraria. Este déficit limita la capacidad de respuesta a los desafíos inmediatos manifestados por la creciente conflictividad y perpetúa las brechas históricas en el acceso a la tierra, y los recursos para las comunidades más vulnerables.

• La interconexión entre intereses empresariales y la ejecución de decisiones judiciales plantea un desafío significativo para la equidad y la justicia en los procesos de desalojo. Abordar este entrelazamiento requiere de un enfoque integral que examine la legalidad de las decisiones judiciales y cuestione la influencia indebida de actores privados en el sistema judicial. Este desafío nos insta a repensar y reformar profundamente los procedimientos para garantizar una protección efectiva de los derechos de las comunidades afectadas y prevenir la instrumentalización de la justicia en favor de intereses particulares.

• La utilización de instrumentos del derecho penal para silenciar y castigar a quienes luchan por la reivindicación de su derecho a la tierra es un riesgo significativo para la democracia y los derechos fundamentales. Abordar esta preocupante tendencia implica garantizar la integridad de las personas defensoras de la tierra y el territorio, y proteger la esencia misma de la participación ciudadana y la defensa de valores democráticos.

MONITOREO DE DESALOJOS A 5 MESES DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD AGRARIA Y ACCESO A LA TIERRA (Version PDF descargable)