Observatorio de la Conflictividad
Observatorio de la Conflictividad
Nombre del conflicto | El Carrizo |
Año de inicio del conflicto | 2015 |
Ubicación geográfica | El Carrizo, aldea del municipio de Choluteca, colindante con la Comunidad Humus de Suyapa. |
Monocultivo |
| Energía | X |
Minería |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra |
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Bosques | X | Biodiversidad |
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El 10 de mayo del 2014 el Estado de Honduras aprobó los contratos de operación a Sistemas Solares Fotovoltaicos S. A. (FOTERSA), cuyos socios son Marcial Antonio Castillo Zapata y Ricardo Membreño Tosta. Asimismo, se instaló la fotovoltaica El Caguano, cuyos socios son Héctor Edgardo Flores Guillen y Cas Holding Corp.
Ambos proyectos mencionados anteriormente están rodeando a la comunidad de El Carrizo y Humus de Suyapa. Los habitantes han denunciado la destrucción del hábitat. Para la instalación de los paneles solares, no hubo consulta libre, previa e informada.
La alcaldía hizo el llamamiento para el cabildo solamente para algunas comunidades, ignorando a los sectores en oposición al proyecto. Los habitantes se manifestaron en un inicio por el tema de la vibración de la construcción y ahora por la destrucción del medio ambiente.
En entrevistas desarrolladas en las 2022 organizaciones en el territorio reportan un impacto severo en el ecosistema, particularmente por la resequedad del subsuelo. Manifiestan el incremento de la temperatura en los ambientes, también se reporta la completa erosión del suelo y altos niveles de estrés en las personas debido a la vibración de los paneles solares. Representantes del Movimiento Ambientalista Social del Sur por la Vida (MASSVIDA) manifiestan que contrario a las promesas dadas por los promotores del proyecto los costos de la energía no han reportado bajas significativas en la zona, por el contrario, se reporta que los apagones de energía son muy comunes en el departamento.
No.
No.
Bajo |
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Medio | X |
Alto |
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Observaciones:
Se establece el nivel del conflicto en medio debido al impacto del proyecto en el acceso a energía continua y barata, impacto en la salud física y mental de la población y su relación directa con el precario acceso al agua que proyectos como este y el monocultivo generar en la zona. Los impactos socioambientales y el fortalecimiento de la organización comunitaria retratan el actual proceso de lucha territorial. Al mantenerse esas dos tendencias, el conflicto puede ir en ascenso y ante el cierre de los espacios municipales de decisión y participación, las comunidades, las acciones de protesta y descontento se pueden expandir y radicalizar. Los escases de agua es un factor relevante en la agudización de los conflictos en el departamento de Choluteca.
Derecho a la vida.
Derecho a un medio ambiente sano.
Derecho al agua.
La empresa se ha valido de la corporación municipal para imponer el proyecto extractivo en la zona. Dichas empresas hacen uso del marco legal para la promoción de proyectos y atracción de inversión privada, impulsando sus intereses empresariales en detrimento de las comunidades. De igual forma, sobresale la manera en que el poder político a través de los diputados de la región se presta para facilitar y promover este tipo de proyectos.
Nombre del conflicto | Los prados I y II |
Año de inicio del conflicto | 2015 |
Ubicación geográfica | Municipio de Namasigüe, Departamento de Choluteca. |
Monocultivo |
| Energía | X |
Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE | X |
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Tierra | X | Agua | X |
Bosques | X | Biodiversidad |
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Otros |
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En el año 2003, el Congreso Nacional de Honduras introdujo cambios en los procesos administrativos para la obtención de licencias ambientales, otorgando mayores facilidades y ampliando los plazos y concesiones hasta por 50 años. Poco después de la implementación de esta reforma legal, el empresario Jim Eloy Muñoz Gómez fundó 15 empresas dedicadas a la producción y venta de energía fotovoltaica, entre las que se encuentran Energía Solares S.A., Fotovoltaica Sureña S.A., Foto Sol S.A., Generaciones Energéticas S.A. y Sociedad Fotovoltaica Los Prados S.A. Aunque estas empresas están registradas como cinco proyectos independientes, en la práctica conforman un único proyecto energético que abarca una extensión de 84 hectáreas.[1]
Posteriormente, el 20 de enero de 2014, el Congreso Nacional aprobó con irregularidades nueve contratos de suministro y nueve contratos para operar energía fotovoltaica a favor de estas mismas nueve empresas. Estos contratos conforman lo que se conoce como el «Megaproyecto Fotovoltaico Los Prados», el cual está ubicado en la localidad de Namasigüe, en Choluteca.
El 30 de diciembre del año 2015 llegaron a instalarse las maquinarias en las comunidades de Prados I y Prados II, Municipio de Namasigüe, con el objetivo de talar una serie de hectáreas de tierras para la instalación de un megaproyecto de energía de plantas fotovoltaicas, conformada por cinco empresas (Energías Solares S.A., Fotovoltaica Sureña, Generación Energética, Fotovoltaica Los Prados y Foto Sol) aglutinadas en el capital de Statec Solar y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La configuración del megaproyecto en cuestión consta de una planta solar “Planta Fotovoltaica Los planos” (PFLP), cubriendo una superficie de 88.2 hectáreas[2], ccuya inversión se denota por parte de SCATEC. Durante el 4 de enero de 2016, los pobladores de las comunidades de Rancherías, Costa Azul, Playa Negra, Guamerú, Prados I y II, a raíz de los acontecimientos provocados por la empresa de Energías Solares S.A, asentaron lo que corresponde a dos campamentos pacíficos de protesta en la comunidad de Rancherías y en la Comunidad de Prados I, Namasigüe, Choluteca.
En el mes de septiembre del año 2017 se presentó el primer requerimiento en contra de líderes y lideresas comunitarios que se mantienen en resistencia para la no instalación del proyecto. Más de once líderes fueron criminalizados por los delitos de coacción y amenazas en contra de la empresa de Energías Solares S.A. bajo el expediente N. 629, proceso que aún se mantiene abierto.
En el mes de diciembre del 2017 se presentó el segundo requerimiento fiscal por el delito de coacción en perjuicio de la empresa Energías Solares S.A, bajo expediente N. 916. Esta vez fueron criminalizados trece líderes comunitarios quienes se mantienen en oposición a la instalación del proyecto.
En fecha 08 de marzo del 2018, se ejecuta la orden judicial del desalojo en contra de los pobladores de Rancherías, donde participaron más de 450 miembros de la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público,
El asesinato de Reynaldo Reyes Moreno, un 29 de noviembre del 2018, quien era un comerciante y se dedicaba a la pesca; era parte de un grupo de personas que se oponían a la concesión y, al mismo tiempo, fueron criminalizamos por los mismos. Reyes Moreno fue acusado de delitos y amenazas en virtud de la manipulación y persuasión para firmar el acuerdo de conciliación por parte de la compañía “Los Prados”, financiado por SCATE solar.
En fecha 11 de abril del año 2019, se citaron a las oficinas de la Policía Nacional de Choluteca a ocho miembros de la comunidad de Costa Azul, al presentarse en las oficinas de la Policía se ejecutó la orden de captura, emitida el 04 de febrero del año 2019. Ese mismo día los pobladores criminalizados fueron trasladados para el Juzgado Primero de Letras de Choluteca para realizar la primera audiencia de indagación, dejándolos con medidas cautelares diferentes a la prisión preventiva.
En fecha 15 de abril del 2019, se desarrolló la audiencia inicial, dejando como resultado el sobreseimiento definitivo, que absolvió a los pobladores de cualquier grado de culpabilidad, evidenciando la intención directa de la empresa de criminalizar a los pobladores. Actualmente se registran cuatro denuncias presentadas por pobladores de las diferentes comunidades afectadas en contra de empleados de la empresa Energías Solares S.A., hasta el momento en ninguna de ellas se ha presentado requerimiento fiscal.
No.
Área Natural Protegida Hábitat–Especie “El Jicarito”, que, además, es parte integral de las áreas protegidas y humedales del Golfo de Fonseca según la Convención RAMSAR de la ONU, desde junio de 1999.[3]
Bajo |
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Medio |
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Alto | X |
Observaciones:
El conflicto en tanto se denota como grave, deviene de la explotación de los recursos naturales y un proceso irregular de otorgamiento de concesiones y contratos. Grave porque se sigue favoreciendo a las grandes empresas que se encargan de configurar la crisis política y económica del país.
Actualmente los procesos de criminalización e intimidación continúan y se agudizan. Las comunidades relatan hechos de persecución por parte de agentes de seguridad de las empresas de generación. Pese a los compromisos enmarcados en el “Plan de Gobierno Bicentenario” y su cumplimiento parcial a la fecha, esto no logra tener un impacto significativo en la gestión de los conflictos en los territorios.
Respecto a este caso aun no se esclarecen como las concesiones que fueron otorgadas a “Los Cachiros” (cartel de narcotraficantes juzgados en Estados Unidos) ahora forman parte de la cartera de negocios de agencias de cooperación para el desarrollo como el Norfound.
Derecho a la vida
Derecho a la seguridad
Derecho a la propiedad individual y colectiva
Derecho al agua.
El proyecto de energía renovable, tal como los paneles solares, está siendo en un 39.20% ($ 40.0 millones) financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); el restante 60.8% es asumido por Scatec/Norfund, de capital noruego. La Instalación de este tipo de proyectos, está trayendo consigo discusión a nivel de intereses de “financiamiento verde”. De igual forma, sobresale la manera en que el poder político a través de los diputados de la región se presta para facilitar y promover este tipo de proyectos.
[1] https://reddeabogadas.hn/causa-prados/
[2] https://ejatlas.org/conflict/planta-fotovoltaica-los-prados-53-mw-namasigue-honduras/?translate=es
[3] http://cespad.org.hn/2019/07/18/coyuntura-desde-los-territorios-namasigue-un-pueblo-que-esta-evidenciando-el-dano-de-los-proyectos-fotovoltaicos-en-el-sur-de-honduras/#_ftnref5
Nombre del conflicto | El Triunfo, Choluteca |
Año de inicio del conflicto | 2001 |
Ubicación geográfica | Municipio de El Triunfo, Choluteca. |
Monocultivo |
| Energía |
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Minería | X | Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra | X | Agua | X |
Bosques |
| Biodiversidad | X |
Otros |
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Desde el 2001 inició la remoción de tierra por parte de la empresa minera Los Lirios Honduras S. de R. L. siendo propiedad de Electrum Group pero que originalmente forma parte de la canadiense Maya God desde el año 2000 para la explotación de oro y cobre en las comunidades de El Triunfo[1]. En tal sentido, no se realizó ninguna consulta para ejecutar dicho proyecto extractivo. Ante esta perspectiva, emergen manifestaciones en contra de las explotaciones mineras sufridas.
Las concesiones abarcan una totalidad de 42 mil hectáreas, de lo cual, de manera sutil se fueron instalando y pretendían “convencer” a las personas de la instalación de su proyecto extractivo. Sin embargo, los pobladores son conscientes al respecto, y sus manifestaciones en contra de esta instalación; aunado a ello, la Iglesia católica también se hace parte de la denuncia contra toda instalación de proyectos extractivos mineros[2].
En febrero de 2017, José Daniel Canales, quien representa a la minera Los Lirios, presenta una denuncia contra seis miembros de la comunidad acusándolos de presuntos delitos de amenazas, privación de libertad y daños. Ante esta situación, la comunidad decide realizar una manifestación en las instalaciones de la Dirección Policial de Investigaciones para brindar su apoyo a los acusados.[3]
Han existido encuentros confrontativos entre los empleados de la empresa y las personas de la comunidad de El Triunfo, pero no se ha registrado ningún tipo de desalojo violento ni encuentro con los policías. La consulta ciudadana, realizada el 2 de diciembre del 2018[4], encaminada por las organizaciones de base, dio como resultado el rechazo de las comunidades a la minería, con apoyo del Frente Triunfeño, CEHPRODEC, Caritas, CODEFALGOF y CIPRODEH. Aún se espera que la Alcaldía Municipal entregue el acta que ratifica en cabildo la decisión de la consulta.
Si bien la comunidad ha tomado postura respecto a la no instalación del proyecto minero en la zona, con la influencia de la empresa y de los jerarcas de la iglesia católica, se ha trasladado la incidencia a esferas más altas del poder. Producto de esa influencia a otros niveles, la iglesia católica a través del Obispo de Choluteca, ha tomado a bien la remoción del Padre Florentino Hernández como sacerdote asignado a la comunidad de El Triunfo, quien está siendo acusado de desobediencia, por no acatar la orden que se le dio de traslado a otra comunidad.
La remoción del Padre Florentino, ha traído consigo la militarización de la zona y vigilancia por parte de las fuerzas de seguridad, a nivel de amenazas e intimidación a las personas integrantes de los grupos de la iglesia católica, que al final, son los integrantes de las estructuras que realizan acciones de defensa de territorio.
No.
No.
Bajo |
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Medio | X |
Alto |
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Observaciones:
El conflicto por la defensa del territorio se está moviendo en dos direcciones: el no reconocimiento de los resultados de la consulta ciudadana por parte de la Municipalidad y la creación de estructuras comunitarias paralelas promovidas por la empresa minera a pesar de las declaratorias municipales y la reciente declaratoria nacional de gobierno sobre el territorio hondureño libre de minería las tensiones en los territorios siguen agudizándose debido a la falta de acceso a información sobre el otorgamiento irregular de licencias y permisos de operación. La intimidación por parte de personas ajenas a las comunidades es permanente. Es necesario mayor presencia de las instituciones de gobierno con pertinencia en el tema a fin de garantizar la efectividad de la declaratoria de País Libre de Minería del pasado febrero del 2022.
Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho al trabajo y salario que goce de la protección de las leyes.
Derecho a la protección.
Derecho a la seguridad
Derecho a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres.
Derecho al honor, a la vida privada y a la información.
Derecho al agua.
La consulta ciudadana y el papel que ha jugado la iglesia en contra la instalación de proyectos mineros ha generado incomodidad en el seno de los grupos empresariales que promueven el modelo extractivo en la zona. En ese marco, los intereses empresariales están encontrando resistencia, a tal grado la lucha de las comunidades se está redireccionando también a la expulsión de los proyectos de generación de energía, explotación laboral en las meloneras y camaroneras y los impactos en el medio ambiente producto de las acciones de las empresas.
[1] Véase:https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/957
[2] Ibíd.
[3] https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/957
[4] http://cespad.org.hn/2018/12/14/la-consulta-ciudadana-en-honduras-una-manera-de-ejercer-la-democracia-desde-abajo/