Observatorio de la Conflictividad
Observatorio de la Conflictividad
Nombre del conflicto | Empresa Campesina “Gregorio Chávez” |
Año de inicio del conflicto | 2 de julio del 2012 |
Ubicación geográfica | Comunidad de Panamá, Trujillo. Departamento de Colón. |
Monocultivo | X | Energía |
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Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra | X | Agua | X |
Bosques | X | Biodiversidad | X |
Otros |
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Con la entrada en vigencia de la Ley de Modernización Agrícola, considerada la antítesis de la Ley de Reforma Agraria, se logró trasladar bienes, propiedades y tierras de las manos de las cooperativas campesinas a las manos de empresarios como Miguel Facusse, René Morales y Reynaldo Canales.
Las ventas que realizó el Estado de Honduras para la reforma agraria fueron ilegales, puesto que las empresas campesinas estaban en las zonas de producción y estaban en trámites de sus escrituras. Después de este despojo de tierras amañado a favor de Corporación Dinant, en el año 2000 los campesinos/as se unen para la recuperación y reclamos de tierras, fortaleciendo las tensiones entre los campesinos y los terratenientes, y que estalló en el conflicto agrario del Aguán.
La empresa campesina, “Gregorio Chávez” obtuvo sus títulos de propiedad por parte del Instituto Nacional Agrario el 22 de agosto del 2013. A pesar de las intervenciones de delegaciones de Naciones Unidas, organismos de Derechos Humanos e incluso el Banco Mundial, Corporación Dinant asegura ser dueña de los predios que ahora ocupa la empresa campesina.
El conflicto agrario en la zona ha forzado los desplazamientos por violencia y persecución judicial, además los asesinatos de más de 15 dirigentes campesinos, entre ellos, el caso del campesino Gregorio Chávez, en donde se responsabiliza a la empresa de seguridad privada de Corporación Dinant como hechor del asesinato. Asimismo, ejecutadas más de quince órdenes de captura por los de los delitos de usurpación y daños a la propiedad.
Producto de su acción por el reclamo legítimo de sus tierras, cinco campesinos y dos campesinas tienen actualmente medidas de la CIDH otorgadas en el 2014.
El conflicto se agudiza, pues Santos Torres, ex dirigente del movimiento campesino, ha conformado un grupo armado de quince personas (pertenecientes a crimen organizado y narcomenudeo), actuando también en contra de los campesinos en resistencia y con acciones directas en contra de la dirigencia del Movimiento Campesino “Gregorio Chávez”.
No.
No.
Bajo | |
Medio |
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Alto | X |
Observaciones:
El conflicto es alto, Corporación Dinant continúa con los procesos de hostigamiento hacia los campesinos en la zona. La conformación de un grupo armado con disidentes de dicha empresa y los constantes enfrentamientos a bala viva en las tierras recuperadas, coloca en mayor riesgo a los compañeros/as de la empresa campesina.
Derecho a la integridad personal.
Libertad de asociación.
Libertad de reunión.
Derecho a la vida privada y familiar.
Derecho a nivel de vida adecuado y medios de subsistencia.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la vida.
Igualdad ante la justicia.
La Empresa Campesina tiene los títulos de las tierras otorgados por el INA y las hectáreas salen a nombre de la misma. Sin embargo, los intereses empresariales que se juegan en la región han conllevado a que se realicen arreglos extrajudiciales entre Dinant con el Estado de Honduras, para desconocer los títulos de la empresa campesina.
Nombre del conflicto | Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguan – MARCA. |
Año de inicio del conflicto | 2009 |
Ubicación geográfica | San Cristóbal, Trujillo |
Monocultivo | X | Energía |
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Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra | X | Agua |
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Bosques | X | Biodiversidad |
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Otros |
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En el año 2012 el abogado José Antonio Trejo ganó el caso en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dando una resolución a favor de los campesinos del Movimiento Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) compuesto por cuatro asentamientos como son la Trinidad, Despertar, San Esteban y San Isidro, frente a las Químicas Dinant y Agropalma.
La resolución emitida por la CSJ obligó al gobierno de Honduras y sus operadores de Justicia a reubicar a los y las campesinas en sus tierras que por ley les corresponde. Este caso, tres meses después, le costó la vida a Trejo e iniciaron los procesos de desalojo a las zonas previamente de asentamientos campesinos, dando como resultado detenciones arbitrarias, torturas físicas y psicológicas, para jóvenes, adultos mayores, y mujeres.
En la actualidad, los campesinos(as) de MARCA continúan en acciones de recuperación territorial en las zonas en donde la CSJ ya había previamente estipulado que pertenecían a los asentamientos campesinos. Se están enfrentando a herramientas más sofisticadas de vigilancia y judicialización de la zona. El conflicto del Aguán, se intensifica cada vez más, pues los enfrentamientos y asesinatos de campesinos continúan.
No.
No.
Bajo |
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Medio | X |
Alto |
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Observaciones:
El conflicto tiene tendencia a aumentar, la empresa ha anunciado continuar con la recuperación de tierras. En un contexto marcado por distintos fallos legales en favor de las comunidades, la parcialidad de las instituciones del Estado a favor de la empresa y el recrudecimiento de la criminalización y judicialización contra el grupo campesino.
Derecho a la integridad personal.
Libertad de asociación.
Libertad de reunión.
Derecho a la vida privada y familiar.
Derecho a nivel de vida adecuado y medios de subsistencia.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la vida.
Igualdad ante la justicia.
La ubicación estratégica de las tierras y su abundante fertilidad para la producción agrícola han conllevado que los intereses empresariales actúen en direcciones fuera de la legalidad para despojar a las comunidades de sus tierras. Lo anterior, ha sido respaldado y promovido por grupos políticos con presencia en la zona y que ven en el despojo la posibilidad de mantener el control y acceso sobre la tierra y de esa manera emprender procesos de acumulación capitalista en detrimento de las comunidades.
Nombre del conflicto | Guapinol y Sector San Pedro |
Año de inicio del conflicto | 2013 |
Ubicación geográfica | Comunidades de Guapinol y Sector San Pedro, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón. |
Monocultivo |
| Energía |
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Minería | X | Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra |
| Agua | X |
Bosques | X | Biodiversidad |
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Otros |
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Tocoa tiene una extensión territorial aproximada de 848 km² conformado por 18 aldeas según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2013. Los antecedentes del conflicto socio territorial se ubican en las comunidades de Guapinol y Sector de San Pedro desde el año 2012. En este año, vía Decreto No 127-2012, sé declaró como área protegida la montaña de Botaderos, ahora Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía y, por tanto, se prohibió realizar actividades mineras, dado que estos proyectos causan deforestación excesiva, contaminación del suministro del agua, desaparición de peces en zonas de recarga hídrica y de toma de agua de los habitantes del Aguán.
Sin embargo, en el 2013, el Congreso Nacional, mediante Decreto Legislativo No. 252-2013, reformó de manera irregular el Decreto No 127-2012 con la finalidad de reducir la zona núcleo del Parque Nacional Carlos Escalera de 24,223.7 hectáreas a solo 24,006.36. La reducción fue de 217.34 hectáreas, que coincidieron, sorprendentemente, con la ubicación de las dos concesiones mineras otorgadas a empresa “Inversiones Los Pinares”, es decir que las concesiones están ubicadas en el núcleo del parque. En ese contexto de ilegalidad y corrupción, desde el 2013, las comunidades han desarrollado un fuerte proceso de resistencia contra la instalación del proyecto minero.
Una investigación realizada por ERIC y Saint Louis University para el 2015 habían 59 concesiones mineras en el municipio de Colón, 34 de estas en Tocoa. Según el informe “Orígenes del conflicto minero en el Bajo Aguán, Honduras”[1] desde el 2017 el comité municipal entregó al alcalde de Tocoa 5 solicitudes de cabildo abierto, también se organizaron bloqueos de carreteras, recolecta de 4,000 firmas a favor de la consulta en cabildo abierto y presentación de impugnaciones constitucionales e informes penales, todas fueron ignoradas por las autoridades hasta el 2019.
El proceso de resistencia tuvo como acción mayor la instalación del campamento de Guapinol en agosto del 2018, cuando debido a la indignación de las comunidades por el sedimento que la construcción de la calle dejó en el río haciendo imposible el acceso para uso doméstico, la instalación del “Campamento Guapinol por la defensa del agua y la vida” duró más de 60 días[2] y trajo consigo una de las acciones más fuertes en términos de represión, pues el desalojo de la zona en donde se han iniciado trabajos de la empresa “Inversiones Los Pinares”, incluyó alrededor de 1200 efectivos de las fuerzas de seguridad nacional resultando en violencia física contra los presentes y una muerte. Podemos decir que el estado hondureño en su totalidad se volcó contra las comunidades y se colocó junto a los grupos de empresarios dando a los abogados de las empresas la libertad de actuar con impunidad desdibujando la línea que distingue el actuar de servidores públicos, empresarios y representantes legales.
A la par del proceso de represión, Inversiones “Los Pinares” en confabulación con el Ministerio Público, Dirección Policial de Investigación (DPI) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han sido parte de todo el proceso de judicialización de los defensores del medio ambiente en Guapinol el proceso judicial implicó dos requerimientos fiscales que actualmente siguen abiertos contra 32 personas: 18 de ellas desde el 2018 por usurpación y daños a la propiedad privada de la compañía y por ocupación del espacio público, 11 desde el 2019 aumentando cargos por asociación ilícita, incendio premeditado y detención ilegal; la criminalización ha sido parte de esta lucha provocando el desplazamiento de personas de sus comunidades, amenazas a su integridad física y fallecimientos por asesinato en algunos casos.
El caso de Guapinol, a nivel jurídico, deja un precedente, pues es la primera vez en que defensores del medio ambiente están siendo juzgados en tribunales de jurisdicción nacional y en donde las “pruebas incriminatorias” las presenta la DPI y no el Ministerio Público, usurpando funciones en términos de procesos de investigación.
Por parte de las organizaciones territoriales, se han realizado diferentes acciones con sus correspondientes responsables, como ser:
No.
Área protegida Parque Nacional Montaña Botaderos Carlos Escaleras Mejía
Bajo |
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Medio |
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Alto | X |
Observaciones:
El rechazo abierto contra la instalación del proyecto minero, las acciones de operación de la empresa en el territorio y los impactos ambientales, son aspectos que dan pistas para comprender la tendencia creciente del conflicto. Como también, puntualizar la manera en que se viene desarrollando el proceso de judicialización, en el cual los defensores son llevados a juzgado de jurisdicción nacional y enviados a cárceles de máxima seguridad.
Derecho a la vida.
Derecho a la consulta previa e informada.
Derecho a la integridad personal.
Igualdad ante la justicia.
Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Derecho a la libre expresión.
Libertad de asociación.
Derecho al honor, a la vida privada y a la información.
Derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Derecho a indemnización por daños derivados de errores judiciales.
Derecho a ser informado de las razones de la detención, en el momento de la detención, y a ser notificado, sin demora, de la acusación formulada.
Derecho al agua.
Derecho al medio ambiente.
Prohibición de dominación o explotación de unos pueblos o países sobre otros
Libre disposición de sus riquezas y recursos.
Reconocimiento del derecho a la protección de los derechos.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
Los intereses económicos multimillonarios que se juegan en la zona a través de la aprobación de las concesiones de explotación minera y de los bienes naturales en los territorios del Aguán en favor de multinacionales y de empresas nacionales asociadas con estas, apuntan a favorecer solo a pequeños grupos empresariales banqueros, grandes comerciantes de la zona y a policías y militares de las cúpulas de poder así como a políticos y funcionarios del actual gobierno, quienes están asociados entre todos ellos con el fin de sustraer todas las riquezas naturales en su favor y dejar a las poblaciones en una total vulnerabilidad, escasez y destrucción.
[1] https://acafremin.org/images/documentos/Guapinol_ESP_Baja_Res.pdf
[2] https://wp.radioprogresohn.net/campamento-guapinol-ejemplo-de-soberania-territorial/
Nombre del conflicto | Vallecito, Colón |
Año de inicio del conflicto | 1990 |
Ubicación geográfica | Comunidad de Vallecito, municipio de Limón, departamento Colón |
Monocultivo | X | Energía |
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Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería |
| Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra | X | Agua |
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Bosques |
| Biodiversidad |
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Otros |
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El proceso de recuperación de tierra inició 1990 con el Movimiento de Vallecito, un proceso exitoso que logró que la comunidad se instalara en la zona e iniciara procesos que aseguraran la soberanía alimentaria para la comunidad garífuna.
Hasta el año de 1993, existía una continuidad territorial desde Santa Rosa de Aguán hasta Plaplaya, trayecto que incluía 17 comunidades garífunas. A partir de esa fecha apreció «misteriosamente» como propietario de Punta Farallones, el Sr. Miguel Facussé, el que la obtuvo de forma dolosa, en detrimento del pueblo garífuna[1].
Lombardo Lacayo, siendo alcalde, logró un mayor impulso para las acciones agrícolas y de pesca en beneficio de la comunidad. A través del INA en el año de 1997, se solicitaron las tierras para siete empresas y se documentaron alrededor de 2700 hectáreas de tierra.
La entrada del narcotráfico en el año 2000 en Vallecito trajo consigo la persecución y asesinato con saña de líderes en la comunidad, complicando la seguridad de la zona y promoviendo temor en la región. A partir de ese momento, Reinaldo Villalobos, vinculado a la gente del ejército, tomó posesión de una parte de la tierra que pertenecía a las empresas asociativas.
OFRANEH hizo diligencias para la recuperación de tierra de manos de los narcotraficantes. Parte de esas acciones han consistido en la exigencia al ejército nacional para que desaloje a los narcotraficantes de la zona y en la vigilancia comunitaria de los movimientos del narcotráfico en las comunidades.
Actualmente, la comunidad mantiene instalado un campamento de resistencia en Vallecito con el apoyo de OFRANEH para evitar que las bandas de narcotráfico continúen apropiándose de las tierras que les pertenecen. Asimismo, la gente del narcotráfico presiona e intimidan en la zona, sin que haya respuesta por parte de las autoridades.
Poblaciones garífunas involucradas.
No.
Bajo | |
Medio | X |
Alto |
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Observaciones:
La presencia de grupos armados en la comunidad, sin ningún tipo de acción estatal por proteger a las poblaciones garífunas, coloca en gran riesgo a los defensores/as y a las empresas asociativas. Ante la importancia de la tierra para las comunidades, todo indica que va a persistir la lucha y la resistencia, con el peligro de que se radicalicen las actuales acciones de criminalización y asesinatos.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a nivel de vida adecuado y medios de subsistencia.
Derecho a la vivienda.
Derecho a la alimentación.
Derecho al trabajo.
Derecho a la libre determinación de los pueblos.
Prohibición de dominación o explotación de unos pueblos o países sobre otros.
Libre disposición de sus riquezas y recursos.
Derecho a la paz.
Derechos a la propiedad comunitaria de los pueblos.
Reconocimiento del derecho a la protección de los derechos.
Compromiso de adopción de medidas para la efectividad de los derechos.
Derecho de los Estados a recurrir los incumplimientos de las correspondientes Declaraciones y Pactos internacionales.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
La comunidad de Vallecito, ha sido utilizada como corredor de droga y de ahí deriva el interés principal por parte de los grupos criminales en mantener el control y acceso al territorio.
[1] Ver: http://www.ofraneh.org/ofraneh/informe_vallecito.html
Nombre del conflicto | Santa Fe, Colón |
Año de inicio del conflicto | 2008 |
Ubicación geográfica | Municipio de Santa Fe, departamento de Colón. |
Monocultivo |
| Energía |
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Minería |
| Infraestructura |
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Mega hotelería | X | Exploración o explotación petrolera |
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ZEDE |
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Tierra | X | Agua |
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Bosques |
| Biodiversidad |
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Otros |
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El origen del conflicto es la venta ilegal del territorio ancestral provocada por el alcalde municipal Noel Ruiz y avalada desde el Instituto de la Propiedad a beneficio de las empresas Campa Vista, Coroza Alta, New Palm Beach, Alta Vista, CareVida y Banana Coast, todas ellas de capital canadiense.
CareVida tiene también en desarrollo el proyecto Njoi, un proyecto habitacional en bloques o colonias (distintos lugares de la zona) destinado a extranjeros retirados que deseen vivir en el Caribe hondureño.[1] Este tipo de industrias de mega hotelería refuerzan la división internacional del trabajo en donde estas comunidades siguen asumiendo, por acciones más represivas y en complicidad con el Estado, el papel de esclavos/as en enclaves modernos.
Los pobladores han emprendido acciones de resistencia desde OFRANEH. Van hasta el momento seis personas judicializadas por el delito de usurpación; entre esas personas, Miriam Miranda y Celso Guillén, fuertes dirigentes en la comunidad. Además, César Geovany Bernárdez, miembro de la coordinación general de Ofraneh, y corresponsal de Radio Progreso, ha sido acusado por el canadiense Patrick Forseth[2], de usurpar un terreno que se encuentra dentro del título de la comunidad de Guadalupe en Santa Fe, Colón.
Defensores/as en Santa Fe han estado detenidos y sus procesos judiciales han presentado irregularidades. Las acciones de resistencia pretenden continuar ante la construcción de este tipo de proyectos mega hoteleros.
Comunidades garífunas amenazadas.
No.
Bajo | |
Medio | X |
Alto |
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Observaciones:
En un contexto marcado, por la presencia de capital extranjero en la zona y la complicidad del Estado, las construcciones continúan en la comunidad y los procesos de organizaciones comunitaria se fortalecen, lo que se podría traducir a acciones que coloquen en situaciones de riesgo a los defensores/as.
Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho a un nivel de vida adecuado y medios de subsistencia.
Derecho a la vivienda.
Derecho a la alimentación.
Derecho a la libre determinación de los pueblos.
Prohibición de dominación o explotación de unos pueblos o países sobre otros.
Libre disposición de sus riquezas y recursos.
Derecho a la paz.
Derechos a la propiedad comunitaria de los pueblos.
Reconocimiento del derecho a la protección de los derechos.
Compromiso de adopción de medidas para la efectividad de los derechos.
Derecho de los Estados a recurrir los incumplimientos de las correspondientes Declaraciones y Pactos internacionales.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
La importancia geográfica de la zona y sus abundantes recursos naturales, son los intereses que motivan el accionar de los grupos empresariales internacionales y nacionales para impulsar y desarrollar mega proyectos turísticos en la zona. Las empresas operan de manera libre sin ningún tipo de control y supervisión por parte de las instituciones del Estado, en detrimento de la conservación de la biodiversidad, el no reconocimiento de tierras garífunas y vulnerando completamente los derechos de las comunidades.
[1] Ver: https://www.tni.org/files/publication-downloads/extractivismo_y_resistencia_comunitaria_en_honduras_0.pdf
[2] Ver: https://wp.radioprogresohn.net/inversionistas-canadienses-se-apoderan-del-70-por-ciento-de-tierras-garifunas-en-santa-fe-colon/