1. Aspectos generales

2. Sector/Productos

3. Recursos afectados

4. Causa del conflicto, ¿por qué existe el conflicto?

En el 2012 el Patronato Comunal que actuaba en favor de la empresa minera, firmó un convenio entre este y la empresa Minerales de Occidente S.A. (MINOSA) en donde se comprometieron áreas de terreno para la explotación, incluidos los predios del cementerio de la zona. “Casi todas las noches me despierto hacia la una de la madrugada y me pongo a pensar en qué les estará pasando a mis padres, qué les estarán haciendo”^[1] refiriéndose a las máquinas que están extrayendo los cuerpos del cementerio de Azacualpa.

En el 2014, producto de una manifestación en vía pública, fueron detenidas diecinueve personas (trece hombres, seis mujeres). El Ministerio Público les siguió un proceso que duró dos años en audiencias. Con apoyo de las organizaciones defensoras de derechos humanos finalmente fueron liberados.

En el 2017 nuevamente diecinueve personas fueron detenidas en el Cerro El Cementerio por impedir que la empresa realizara trabajos de explotación en áreas aledañas al cementerio; fueron acusadas de usurpación y daños a la propiedad privada por parte de la empresa. Con apoyo de las organizaciones defensoras de derechos humanos fueron liberadas nuevamente al no presentar pruebas contundentes de los hechos que se les imputaba.

El 11 de mayo de 2019 siete personas fueron detenidas (cuatro hombres, tres mujeres) nuevamente por impedir que la empresa siguiera acercándose al área donde están enterrados sus muertos en el cementerio. Fueron acusados por amenazas personales a empleados de la empresa. Nuevamente fueron liberadas por falta de pruebas. 

Se presentaron por parte de ASONOG dos recursos de amparo en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula que están a la espera de resolución. Se realizaron las solicitudes correspondientes de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para líderes de la comunidad. Trece denuncias han sido promovidas en instancias correspondientes por violaciones a derechos humanos en perjuicio de líderes comunitarios que defienden su territorio en Azacualpa.

Las descargas de agua cianurada fueron hechas en el 2003, 2009 y la última oficialmente registrada el 24 de junio de 2017. En los tres casos hubo cientos de miles de peces muertos y destrucción del hábitat en la zona. Por parte de las comunidades en resistencia han existido denuncias de los daños, incluyendo el corte de árboles ilegales. Al menos catorce denuncias han sido interpuestas en un lapso de dos años y a la fecha no hay ningún juicio en contra de la empresa por parte de las autoridades competentes.

Un total de siete acuerdos comunitarios han sido firmados entre 2003 y  2016. Todos incumplidos por la empresa MINOSA. Entre enero y abril de 2003 las comunidades de San Andrés, Azacualpa y San Miguel negociaron acuerdos individuales con la empresa MINOSA. Para el último trimestre de 2014 la empresa minera apenas había cumplido un 21.8% de lo pactado con las comunidades. En 2005, 2007 y 2012 se firmaron nuevos convenios entre San Miguel, San Andrés y Azacualpa con la empresa MINOSA los cuales fueron ignorados por la compañía al igual que los convenios de 2003. En 2016 se firmó un addendum a los acuerdos de 2012, que también para 2018 estaban siendo denunciados como la última burla que la empresa MINOSA hacía a las comunidades.

5. Involucramiento de tierras y territorios indígenas

No.

6. Afectación de áreas protegidas

No.

7. Estado de conflicto

Observaciones:

El conflicto está en su punto más alto, por un lado, la exhumación de muertos del cementerio y, por otro lado, los grandes impactos ambientales del proyecto minero. Ante la complicidad de la municipalidad con la empresa y la poca voluntad de las instituciones del estado, el conflicto tiende a profundizarse, conllevando a más militarización, criminalización, división y judicialización.

8. Derechos humanos en juego: civiles, políticos, DESCA.

Derecho a la vida.
Derecho a la integridad personal.
Derecho al honor, a la vida privada y a la información.
Derecho a las garantías necesarias para la defensa / derecho de defensa.
Derecho a indemnización por daños derivados de errores judiciales.
Derecho a un medio ambiente sano.
Derecho al agua.
Derecho a la salud.
Derecho a la paz.
Reconocimiento del derecho a la protección de los derechos.
Compromiso de adopción de medidas para la efectividad de los derechos.
Protección de los defensores de los derechos humanos.
Derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos.

9. Actores involucrados: i) Comunitarios, ii) empresas privadas (nacionales e internacionales), iii) instituciones del Estado (locales y nacionales), iv) Otros.
   
   a. Por parte de la comunidad, la organización comunitaria con el apoyo de ASONOG, ha sido la estructura que ha estado en los procesos de resistencia frente al avance de la maquinaria de la empresa.
   b. La empresa minera con el aval de INHGEOMIN y MI AMBIENTE han incumplido los acuerdos establecidos con la comunidad, en donde la contaminación por parte de la empresa no ha sido evaluada, a pesar de las constantes denuncias de las comunidades.
   c. La alcaldía ha actuado a favor de la empresa minera.
   d. Los entes de fuerzas armadas y policiales han actuado a favor de la empresa, haciendo acciones de hostigamiento y criminalización de las organizaciones que acompañan los procesos territoriales.
   e. CIDH y el CONADEH han participado en los diferentes diálogos llevados a cabo en la comunidad (como catalizador del conflicto) pero sin jugar un papel más relevante en el conflicto.

10. Intereses en juego. ¿Cuáles son los intereses de fondo que motivan el conflicto?

La explotación y extracción de recursos minerales a gran escala para la exportación al mercado internacional ha sido el interés principal de la empresa para mantener su presencia en la zona a pesar de la lucha y resistencia comunitaria.

11. Puntos de atención 

• Incidir y divulgar los numerosos casos de afectaciones a la salud en la comunidad debido a la presencia de la minera.
• Elevar el caso de Azacualpa a instancias internacionales con el objetivo que presionen al Estado para la cancelación de la concesión.
• Crear espacios entre las comunidades orientados a avanzar en un proceso de transformación de conflictos, puesto que la división de las comunidades, es potencializador del actual conflicto.
• Retomar las negociaciones con la empresa minera y la municipalidad, para que se aborde el actual conflicto y pacten acciones a seguir. Debido a la experiencia pasada, el proceso deberá de contar con mediadores nacionales e internacionales que garanticen el cumplimiento de los acuerdos.
  
  

^[1] Relato de un poblador de Azacualpa en una de las reuniones sostenidas con pobladores de las diferentes comunidades de la zona minera en febrero de 2019. Dato ASONOG.