El Tribunal de Sentencia de Nacaome emitió una sentencia altamente injusta que ordena el desalojo y demolición del hogar de Santos Hernández, su esposa María Concepción Hernández y sus hijos. Ambos son destacados defensores de los derechos humanos en la Península de Zacate Grande (Amapala, Valle).

A pesar de que esta familia nació en la Zacate Grande y son hijos de nativos arraigados en la región, se enfrentan a acusaciones de usurpación por parte de terratenientes que, utilizando el derecho penal[1], intentan detener su ejercicio de reivindicación de derechos en su comunidad.

Este núcleo familiar ha sido criminalizado, con acciones emprendidas por los terratenientes de la zona, en contra de Hernández:

• En la primera sentencia: 24 de agosto de 2021

Santos Hernández fue criminalizado por el terrateniente Jorge Luis Cassis Leiva, a través de la Corte Suprema de Justicia, el 24 de agosto de 2021. También fue acusado del delito de usurpación y daños, y fue capturado el 23 de abril del 2023[2]. Obtuvo su libertad condicional el 28 de diciembre gracias a la movilización ciudadana de la Asociación para el Desarrollo de la Península de Zacate Grande (ADEPZA) y las gestiones de la Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos[3].

• En la segunda sentencia: 23 de enero de 2023

A pocas semanas de obtener su libertad condicional, Santos Hernández fue notificado de su segunda sentencia, en esta ocasión criminalizado por Heriberto Cruz, a través del Tribunal de Sentencias de Nacaome, el 23 de enero de 2024. Esta sentencia lo condena a dos años de prisión y, además, ordena el inmediato desalojo de la propiedad y demolición de la vivienda.

Esta condena repetitiva afecta a Hernández y su familia, y refuerza un antecedente peligroso para otros residentes de la Península de Zacate Grande, al legitimar la criminalización de quienes defienden sus derechos territoriales contra los intereses de los terratenientes.

Un ejemplo de esto es el caso de la Familia Cárcamo (German Cárcamo Cruz, Narda Orfelia Sánchez y sus cinco hijos), residente en la zona desde 1982. Fueron víctimas de un violento desalojo el 18 de diciembre de 2003 en la comunidad Playa Blanca, durante el cual fueron destruidos todos sus cultivos y su vivienda. Posteriormente, fueron encarcelados bajo acusaciones de usurpación. Después de salir de la cárcel (2004) bajo libertad condicional y sin tener dónde vivir, la familia Cárcamo se instaló en un pequeño predio comunitario ubicado en la entrada de la comunidad, donde se encontraban unas alcantarillas. Sin medios de subsistencia y con el riesgo de ataques a su integridad, German Cárcamo y Narda Sánchez salieron del país, tomando la ruta migratoria hacia los Estados Unidos con la esperanza de regresar algún día para brindar educación y compañía a sus hijos[4].

Estos abusos amenazan la seguridad y las formas tradicionales de subsistencia de esta familia, exponiéndoles a un contexto de desplazamiento forzado, sino que también socava la identidad cultural y la estabilidad de toda la comunidad en su conjunto.

Desde el CESPAD:

• Denunciamos que los hechos ocurridos contra Santos Hernández y María Hernández, así como el de la Familia Cárcamo reflejan un patrón preocupante de criminalización, despojo y hostigamiento contra los habitantes nativos de la península de Zacate Grande.
• Exigimos investigaciones claras de las violaciones de derechos humanos contra las y los comunitarios de la Península de Zacate Grande.
• Exigimos que se investiguen cuáles han sido los mecanismos de despojo de las tierras y playas públicas en la región.
• Exigimos a la Secretaría de Derechos Humanos y al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tomar un papel más beligerante en la defensa, promoción y protección de los derechos de las comunidades campesinas y pesqueras de Zacate Grande y estar alertas a las posibles violaciones de derechos en el marco de la ejecución del desalojo.

¡No podemos permitir que la injusticia prevalezca!

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[1] SWISSINFO.CH. (2021, 19 de noviembre). Organizaciones hondureñas presentan recurso contra reforma al Código Penal. Recuperado de https://www.swissinfo.ch/spa/organizaciones-hondureñas-presentan-recurso-contra-reforma-al-codigo-penal/47125958/  

[2] CRITERIO HN. (2023, 29 de marzo). S.O.S: Capturan a defensor del ambiente Santos Hernández y recrudecen amenazas contra pobladores de Zacate Grande. Recuperado de https://conexihon.hn/2023/03/29/s-o-s-capturan-a-defensor-del-ambiente-santos-hernandez-y-recrudecen-amenazas-contra-pobladores-de-zacate-grande/

[3] DEFENSORES EN LÍNEA. (2023, 28 de diciembre). En libertad recibirán el año nuevo los defensores de la Península de Zacate Grande Santos y Abel. Recuperado de https://www.defensoresenlinea.com/en-libertad-recibiran-el-ano-nuevo-los-defensores-de-la-peninsula-de-zacate-grande-santos-y-abel/

[4] ZACATE GRANDE. (2011, 13 de julio). ¡Desalojos nunca más!
Recuperado de https://zacategrande.blogspot.com/2011/07/desalojos-nunca-mas.html

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El Centro de Estudio para la Democracia se solidariza con el pueblo garífuna de El Triunfo de la Cruz y la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), ya que en los últimos días han sido víctimas de la agudización de la persecución, intimidación y ataques debido a la defensa de su territorio. Por eso, desde el centro de pensamiento condenamos enérgicamente cualquier acto que atente contra los derechos humanos de la ciudadanía hondureña y la legítima lucha por la defensa de la tierra y el territorio.

• Intimidación y desalojo en Wani Le

En la mañana del miércoles 6 de marzo, agentes de la Policía Nacional y grupos armados llegaron a la comunidad garífuna de Triunfo de la Cruz, Tela, Atlántida, con la intención de desalojar a los pobladores de Wani Le[1]. De acuerdo con el relato de las afectadas/os, las personas enviadas para ejecutar el ilegítimo desalojo se presentaron con armas de fuego y materiales de construcción (bloques, cemento y arena) con la intención de levantar un muro dentro del territorio.

Este acto violenta la autodeterminación del pueblo garífuna sobre sus tierras y demuestra la frágil acción Estatal para cumplir con sus compromisos internacionales, enmarcados en el Convenio 169 de la OIT. De igual forma, con las obligaciones derivadas de la sentencia obtenida en 2015, a favor del pueblo garífuna, relacionada con sus derechos a la propiedad colectiva, a las reparaciones, a que se investiguen los hechos que generaron las violaciones y juzgar a los responsables; además de las urgentes medidas de no repetición[2].

• Intimidación y ataque a movilización pacífica

El 9 de marzo, defensoras y defensores del Triunfo de la Cruz realizaron una caminata pacífica para visibilizar la violencia y el despojo que enfrentan, así como el incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, fueron objeto de amenazas y agresiones.

Minutos antes de las 11:00 a.m., dos vehículos intentaron atropellar a varias defensoras y defensores. Los ocupantes, identificados como asociados al Complejo Turístico Rosa Negra, amenazaron con armas y tomaron fotos y videos de los manifestantes[3].

Estos hechos se suman a un concierto de vulneraciones y ataques contra el pueblo garífuna, como el reciente intento de desalojo, el 15 de febrero del 2024, en la comunidad de Wageira Le (fundada por garífunas el 12 de abril de 1797, antes de la firma del acta de independencia de Centroamérica en 1821, y con un ejercicio de recuperación de más de 200 años), en Punta Gorda, Islas de la Bahía[4]. Cabe resaltar que esta comunidad ya había sido víctima de un desalojo el 7 de noviembre del 2022.

Desde el CESPAD

• Exigimos al gobierno de Xiomara Castro, el inmediato cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitida desde el 8 de octubre de 2015, en favor del pueblo garífuna de El Triunfo de La Cruz. Asimismo, las demás sentencias en favor del pueblo garífuna, que han sido negligentemente atendidas por el Estado de Honduras.
• Al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y a la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), les instamos a garantizar la integridad física de las defensoras y defensores del pueblo garífuna, así como las condiciones que les permitan realizar sus labores de defensoría en un entorno seguro.
• Demandamos a los operadores de justicia iniciar los procesos de investigación correspondientes sobre los socios del Complejo Turístico Rosa Negra y otras personas naturales y jurídicas que promuevan la usurpación del territorio garífunaPrincipio del formulario y actos de violencia contra de la comunidad.
• Hacemos un llamado a organizaciones nacionales e internacionales y a movimientos sociales para unirse a la denuncia pública y exigir justicia para el pueblo garífuna del Triunfo de la Cruz.

¡CUMPIMIENTO DE LA SENTENCIA, YA!

[1] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDHH). (2024, 6 de marzo). Intimidación de grupos armados y agentes de la Policía Nacional en la recuperación Wani Le, Triunfo de la Cruz, Tela. Facebook. Recuperado de: https://www.facebook.com/photo/?fbid=704764175145416&set=a.560784512876717

[2] Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2015, 8 de octubre. Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus Miembros vs. Honduras. Recuperado de: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_305_esp.pdf

[3] Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras (RNDDHH). (2024, 9 de marzo). Amenazas, agresiones e intimidación contra defensoras y defensores de Triunfo de la Cruz, Tela. Recuperado de https://www.facebook.com/photo?fbid=706348034987030&set=a.560784502876718

[4] Criterio.hn. (2024, 15 de febrero). Denuncian amenaza de desalojo al campamento Wageira Le en Punta Gorda, Islas de la Bahía. Recuperado de https://criterio.hn/denuncian-amenaza-de-desalojo-al-campamento-wageira-le-en-punta-gorda-islas-de-la-bahia/.

Contexto generalizado

Una de las principales preocupaciones que surgió con la conformación de la Comisión de Seguridad Agraria fue el anuncio del inicio de una campaña de desalojos de “grupos irregulares”, ocupantes de las tierras en disputa. Asimismo, la aplicación del Código Penal en lo relacionado con el delito de usurpación en flagrancia permanente y desplazamiento forzado para quienes promuevan y ejecuten acciones de tomas de tierras.

Esta preocupación se fundamenta en lo expresado por la presidenta de la República, Xiomara Castro, en la conferencia de prensa del 6 de junio del 2023. De acuerdo con el capítulo cuatro del documento leído por Castro, sobre las acciones para solucionar el fenómeno de la toma de tierras y dar seguridad jurídica, “en el periodo 2018-2023 y a partir del mes de diciembre de 2021 se ha generado una escalada en la ocupación de tierras productivas provocando inseguridad y anarquía en el acceso a la tierra e impactando negativamente en el desarrollo del agro, la economía nacional y la inversión”.

En el documento se señalan los departamentos de Colón y Atlántida como “los principales polos de conflictividad referente a la ocupación de tierras por parte de organizaciones campesinas que reclaman derecho a la tierra, grupos irregulares y en algunos casos otros sectores influenciados por el crimen organizado para crear anarquía en el país y otros no determinados”. En ese sentido, a la fecha “se contabiliza un total de 36,451.17 manzanas de tierra que han sido tomadas por diversos grupos de personas”.

Como respuesta a esta situación, el capítulo cinco del mismo documento establece que “el Estado procederá en forma planificada, pero con carácter de urgencia, a ejecutar toda orden de desalojo dictada por el Poder Judicial. Se concede prioridad de estas acciones a las tierras tomadas a las empresas del sector social de la economía y de la reforma agraria, así como a las fincas privadas relacionadas con las actividades de palma aceitera, caña de azúcar, bananera y cualquier agropecuaria productiva. La ejecución de las órdenes de desalojo que procedan del poder judicial, indistintamente del cultivo y la ubicación geográfica de las tierras, debe cumplirse. El Poder Judicial debe, por ley, revisar el registro y las causales de afectación conforme a cada caso”.

Monitoreo de desalojos

Durante el periodo de monitoreo realizado por el CESPAD, en los últimos 5 meses se ha documentado la ejecución de 10 órdenes de desalojo, la prórroga de una orden, y la suspensión de dos, afectando directamente a aproximadamente 1000 familias.

Más allá de las cifras, resulta alarmante observar la utilización, en algunos casos, de un recurso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales encargados de llevar a cabo los desalojos, tal como ocurrió en la Aldea el Cacao, Santa Cruz de Yojoa, Cortés, en el cual se reportaron las detenciones de Tomás Díaz López, presidente del Consejo Indígena Lenca de El Cacao; José Ismael López, Hermes Reyes Sánchez, Marcos Antonio Reyes -persona de la tercera edad-, habitantes de la comunidad, y Ermín López Martínez, coordinador general del Movimiento Independiente Indígena Lenca, de La Paz-Honduras (MILPAH).

Además, resulta preocupante el incremento de protestas de empleados de empresas vinculadas a las disputas de tierras, exigiendo desalojos. Esto sugiere una compleja interconexión entre intereses empresariales y la ejecución de decisiones judiciales. Por otro lado, este entrelazamiento entre actores corporativos y procesos de desalojo subraya la necesidad urgente de abordar integralmente estos procedimientos, para salvaguardar los derechos de las comunidades afectadas.

Principales desafíos

• El lento avance de las reformas orientadas a abordar las causas estructurales que impulsan la ocupación irregular de tierras y perpetúan las desigualdades en el sector rural.

• Sin una inversión significativa de recursos y fortalecimiento técnico, la capacidad del Instituto Nacional Agrario (INA), se verá limitada para cumplir con su mandato de gestionar un verdadero proceso de reforma agraria. Este déficit limita la capacidad de respuesta a los desafíos inmediatos manifestados por la creciente conflictividad y perpetúa las brechas históricas en el acceso a la tierra, y los recursos para las comunidades más vulnerables.

• La interconexión entre intereses empresariales y la ejecución de decisiones judiciales plantea un desafío significativo para la equidad y la justicia en los procesos de desalojo. Abordar este entrelazamiento requiere de un enfoque integral que examine la legalidad de las decisiones judiciales y cuestione la influencia indebida de actores privados en el sistema judicial. Este desafío nos insta a repensar y reformar profundamente los procedimientos para garantizar una protección efectiva de los derechos de las comunidades afectadas y prevenir la instrumentalización de la justicia en favor de intereses particulares.

• La utilización de instrumentos del derecho penal para silenciar y castigar a quienes luchan por la reivindicación de su derecho a la tierra es un riesgo significativo para la democracia y los derechos fundamentales. Abordar esta preocupante tendencia implica garantizar la integridad de las personas defensoras de la tierra y el territorio, y proteger la esencia misma de la participación ciudadana y la defensa de valores democráticos.

MONITOREO DE DESALOJOS A 5 MESES DE GESTIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD AGRARIA Y ACCESO A LA TIERRA (Version PDF descargable)