Observatorio de la Conflictividad

¿Quiénes Somos?

El Observatorio de la Conflictividad Socioterritorial de Honduras (OCSH) es una iniciativa del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD) en alianza con organizaciones territoriales comprometidas con la justicia social, ambiental y ecológica. Trabajamos de manera coordinada para recopilar, analizar y difundir información precisa sobre la conflictividad agraria y ambiental de Honduras.

Nuestra misión

Trabajar con organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base comunitaria, campesinas, indígenas y garífunas en la promoción de la justicia social, ambiental y ecológica en Honduras, a través de la recopilación, análisis y difusión de información precisa sobre la conflictividad agraria y socioambiental. El objetivo ulterior es la fundamentación de políticas públicas y procesos de incidencia política orientados a la reducción de las desigualdades del sector rural hondureño.

Nuestra visión

Visualizamos comunidades empoderadas, capaces de influir en las decisiones políticas que afectan sus vidas y entornos, promoviendo un desarrollo sostenible y equitativo en armonía con la naturaleza.

¿Qué hacemos?

El Observatorio se dedica a la recopilación, análisis y difusión de información actualizada y precisa sobre la conflictividad agraria y socioambiental en Honduras. Esta información se comparte con el propósito de contribuir a la formulación de políticas públicas efectivas, para abordar y resolver las causas estructurales que generan la conflictividad y las desigualdades en el sector rural.

¿Cómo lo hacemos?

El proceso metodológico implica dos momentos importantes: el primero está relacionado con la recopilación y procesamiento de información y, el segundo, implica el análisis y la difusión de hallazgos relevantes en temas de conflictividad socioterritorial.

Del primer momento resultan 3 insumos:

  1. Fichas de información de la conflictividad.
  2. El monitoreo de desalojos, con el que se construye una base de datos interactiva que contabiliza el número total de desalojos a las comunidades, poblaciones involucradas, ubicación y el estado concreto de la acción.
  3. Boletín bimensual: Monitoreo de balance institucional y alertas sobre modificaciones a la normativa actual que representen un riesgo para las y los defensores en términos ambientales y agrarios, así como implicaciones en los ecosistemas.